viernes, 11 de julio de 2014
16:00
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La presidente Cristina Fernández reglamentó este viernes (11/07) la ley 26.913, que dispone el otorgamiento de pensiones a quienes estuvieron presos ilegalmente por motivos "políticos, sindicales o estudiantiles" hasta el 10 de diciembre de 1983.
Según el decreto 1058 publicado hoy en el Boletín Oficial, la pensión ascenderá a un monto equivalente al sueldo de la categoría "Nivel D, Grado 0" del escalafón establecido por el Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep).
Los aspirantes a beneficiarios que ya perciban una remuneración similar emanada del ámbito "provincial y municipal" deberán renunciar a esa remuneración si quieren tramitar y cobrar la establecida por la ley 26.913.
Aunque el Estado en los años ´90, por ley 24.043, ya indemnizó a esos ex detenidos, el Gobierno habilitó un nuevo pago, esta vez mensual e igual al sueldo de un empleado público.
El secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, defendió meses atrás el doble resarcimiento con el argumento de que tienen "naturalezas jurídicas distintas", el primero buscó aliviar el padecimiento y el segunda, dijo, compensar la "indefensión económica, física y psíquica".
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que atesora fondos previsionales destinados a jubilados, aportará el dinero necesario; la Secretaría de Derechos Humanos, que depende del Ministerio de Justicia, lo administrará.
Cabe recordar que la ley 26.913 fue aprobada el 27 de noviembre pasado en la Cámara de Diputados, por 176 votos a favor, 2 en contra y una abstención.
Al convertir en ley la iniciativa - que había sido presentada por el diputado kirchnerista de Formosa, Juan Carlos Díaz Roig- los diputados aceptaron los cambios que había introducido el Senado, que eliminó la fecha de inicio del período que comprendía el otorgamiento de la pensión graciable, fijada originalmente entre el 6 de noviembre de 1974, cuando la entonces presidenta Isabel Perón decretó el estado de sitio, y el 10 de diciembre de 1983.
Esto había generado una fuerte polémica interna dentro del oficialismo y los senadores decidieron suprimir la fecha de inicio para evitar susceptibilidades y hacer más abarcativa la norma. El proyecto se había debatido largamente, durante más de 4 años.
Fuente: Urgente24
