miércoles, 14 de mayo de 2014
10:15
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Graciela Guardia (46) murió hace una semana de cáncer de mama. Luchó hasta el final contra la enfermedad y la impericia del Estado, que la privó de la medicación que era su última esperanza.
El 30 de marzo, una jueza había obligado al Gobierno mendocino a proveerle una droga oncológica recetada por los médicos del hospital público. Nunca llegó porque, según asegura la abogada de la familia, la jueza pudo comprobar que estaba demorada en el puerto de Buenos Aires.
La misma explicación le dieron desde el laboratorio: trabas en el proceso de importación. El Gobierno kirchnerista de Mendoza reconoció el retraso y lo justificó en "no contar con la aprobación legislativa del Presupuesto 2014", una chicana a la oposición que no acepta las condiciones del endeudamiento que pide el gobernador Francisco Pérez.
La mujer, que tenía dos hijos (Cinthia, de 24 años, y Tomás, de 6), llevaba seis años en tratamiento por un cáncer de mama con metástasis. Dependía del Programa Oncológico Provincial, que atiende y abastece la medicación a las personas sin obra social.
El 18 febrero, la médica estatal Miriam Rogel le recetó el medicamento TM11 Kadcyla (2,4 mg.), del laboratorio Roche, y ratificó que debía continuar sí o sí con el tratamiento, ya que su estado empeoraba. Desde el Programa le informaron que debían interrumpir la quimioterapia porque la droga que requería era importada y no estaba al alcance del Gobierno mendocino.
"Ya habíamos probado con otros medicamentos y no conseguíamos resultados. Nos decían que esa droga era más efectiva", dice su marido, Osvaldo Quiroga, policía retirado con el que Graciela había formado pareja hace 10 años.
A fines de febrero, desesperada, la mujer recurrió a la abogada Paula Betruño, que presentó una medida cautelar en la Justicia. Veinte días después, la jueza del 20ª Juzgado Civil, María Coussirat, emitió un fallo que obligaba al Estado a proveerle la droga.
"Por regla general, en cuestiones que tienen que ver con la salud, el no aplicar un determinado tratamiento durante un período de tiempo puede acarrear consecuencias que luego resultan irreversibles o de muy difícil reversión", planteó la jueza en su fallo.
La frase que llevó a la familia a iniciar una demanda fue la de un funcionario a cargo de las compras en Salud. "Nos dijo que en vez reclamar por la medicación, teníamos que preocuparnos por estar bien y cubrir el servicio del sepelio", aseguró Osvaldo.
Salud de la provincia siguió sin entregarle la medicación hasta que una semana antes de morir, según la familia, en el hospital público intentaron hacerle quimioterapia. "Tenía todo el cuerpo con edema y rechazaba la droga (la TM11 Kadcyla)", contó el marido.
Graciela murió el martes 6 de mayo. Desde el Programa Oncológico admitieron la falla. "A principios de año, al no estar aprobado el Presupuesto, se atrasó la entrega de medicamentos", explicó Mónica Levín, del Programa de Apoyo al Paciente Oncológico, que depende de Salud.
El marido de Graciela adelantó a este medio que continuarán con una demanda legal. "No quiero que otro chico como mi hijo se quede sin mamá por funcionarios que no son capaces de cumplir con su responsabilidad".
