La Justicia frenó las aulas que Macri iba a hacer de durlock en el Instituto Bernasconi

Una medida cautelar de la Justicia porteña impidió la continuación de la construcción de una de las versiones de la reforma educacional en la Ciudad: las aulas pasillo, iniciadas como obras rápidas en los pasillos del Instituto Bernasconi, por tratarse de un edificio considerado por ley Monumento Histórico Nacional. Ayer, la multisectorial de padres, docentes y organizaciones Ningún niño sin escuela pública realizó una marcha al Ministerio de Educación porteño (ver aparte) y convocó para hoy a un abrazo alrededor del edificio del Bernasconi.

La jueza Elena Liberatori, titular del Juzgado 4 del fuero Contencioso, Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires, hizo lugar ayer a una medida cautelar para que cese la construcción de aulas de Durlock en los pasillos del Instituto Bernasconi, por tratarse de un edificio que es Monumento Histórico Nacional.

En su fallo, la magistrada dispuso "suspender inmediatamente la realización de cualquier tipo de obra que no sea de mantenimiento y preservación tanto material como de personas en el edificio del Instituto Félix Bernasconi (...) hasta tanto se dicte sentencia definitiva y firme en la presente acción de amparo”.

"Es muy importante que se preserve un edificio que ha sido declarado patrimonio histórico nacional y que se sostenga la medida hasta que se decida qué actitud tomar. Además, no se pueden dictar clases y los alumnos no pueden aprender en esas condiciones porque el proceso de enseñanza-aprendizaje se desvirtúa en estas aulas pasillo”, afirmó la legisladora Virginia González Gass.

La diputada, junto a un grupo de diputados del interbloque Unen, había interpuesto una acción de amparo y solicitado una medida de no innovar, invocando los decretos 84005/41 y 1063 que prohíben la "refacción, restauración, destrucción total o parcial de los bienes históricos-artísticos sin intervención y aprobación de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos” y establecen que "los funcionarios públicos no podrán autorizar modificación alguna de dichos inmuebles”.