jueves, 7 de noviembre de 2013
17:08
jueves, 7 de noviembre de 2013
17:08
La petrolera Repsol ultima los detalles de la demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) por la nacionalización de YPF, que se concretó hace un año.
Entre diciembre y principios del año próximo, la petrolera española presentará ante el tribunal arbitral del Banco Mundial una demanda a la Argentina estimada en u$s20.000 millones.
Esa cifra incluiría la prima de control de la compañía por la confiscación del 51% de YPF y la valoración del yacimiento neuquino Vaca Muerta, según adelantó el medio español El Economista. A su vez, la compañía española sostiene que las negociaciones con YPF no progresaron en torno a una posible compensación, mientras se resuelve la recusación de los actuales árbitros que solicitó la Argentina.
Para su presentación ante el Ciadi, Repsol se ampara también en un estudio que realizó sobre la cotización de YPF en bolsa antes de la expropiación, como así también el promedio histórico. La acción de YPF mantuvo una cotización media histórica de u$s38,14 por título.
Según Infobae, la cifra que pediría Repsol ante el Ciadi se encuentra muy alejada de la última propuesta argentina, que rondaba los 5.000 millones de dólares. El presidente de YPF, Miguel Galuccio, había prometido una solución para el conflicto durante 2013, aunque aclaró que el Gobierno dispone de un plazo de dos años para hacer efectivo el pago de la expropiación. Ese plazo se cumple el 7 de mayo de 2014.
YPF anunció esta semana que sus utilidades operativas alcanzaron los $3.444 millones durante el tercer trimestre de 2013 con una mejora interanual del 104 por ciento. A su vez, las inversiones aumentaron 94,4 por ciento con relación a igual período de 2012.
Argentina nacionalizó YPF en mayo del 2012, argumentando que la empresa española Repsol -hasta entonces la accionista mayoritaria- no había invertido lo suficiente para frenar el declive de la producción de hidrocarburos. La demanda de YPF a Repsol se da en tribunales de España, Reino Unido y Estados Unidos.
Fuente: El Economista
