Polémica

Mendoza: proponen que la inspección de los prostíbulos pase a la órbita provincial

Un proyecto en la Legislatura sostiene que la actual normativa, que faculta a los municipios a 'reglamentar la prostitución', contradice a la Ley nacional y permite que se habiliten estos sitios como cafés concert o nightclubs.
viernes, 11 de octubre de 2013 08:11
viernes, 11 de octubre de 2013 08:11
Pese a que los prostíbulos y otras casas donde se ejerza la prostitución se encuentran prohibidos, lo cierto es que muchos continúan funcionando de manera clandestina. Pese a las leyes nacionales que se han aprobado en este sentido y la adhesión a supranormas internacionales, en Mendoza el control de estos sitios sigue bajo la órbita municipal a través de la Ley Orgánica de Municipalidades, según publica el diario Los Andes.

En ella, sancionada en 1934 en otro contexto histórico, hay dos incisos que delegan en las comunas la "reglamentación de la prostitución", control, inspección y cobro de las matrículas correspondientes.

Esto mantiene funciones que estarían en clara violación de lo consignado en la Ley 12.331 de Profilaxis de las Enfermedades Venéreas y de tratados internacionales a los que Argentina ha adherido, tal el sustento del proyecto que la senadora provincial Alejandra Naman (Nuevo Encuentro) ha presentado en la Legislatura. Según dijo, espera que sea tratado en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales la próxima semana.

"No es que esté prohibida la prostitución ejercida por propia voluntad y no es a eso que se apunta; pero sí lo está el proxenetismo. Al reglamentarlo, si hay un regente del local esa persona es un proxeneta y podría estar explotando a una mujer", se explayó la legisladora, quien señaló la vinculación de estos lugares con la trata de personas, tal cual ha quedado demostrado en sendos allanamientos realizados últimamente.
 
"El gran tema es que en los cabarets, detrás está el prostíbulo con mujeres que muchas veces son víctimas de trata", aseguró e insistió en destacar que "si la mujer quiere que sea su forma de trabajo no habría problema".

Aunque señaló que si la norma deja de ser vigente por falta de uso es necesario evitar estas zonas grises e ir en contra de la explotación de la mujer. En caso de lograrse la sanción, se invitará a los municipios a adherir ya que esto "tendría un valor simbólico importante".

Apoyo de las meretrices

El brazo local de la Asociación Mujeres Meretrices de la Argentina manifestó conformidad con el proyecto de Naman, en tanto apunte a terminar con la explotación de mujeres. Su secretaria general, Fátima Olivares, dijo que "si cada una lo hace porque quiere está bien, siempre que lo que gane con su cuerpo sea totalmente para ella y no como ocurre que en los locales deben dar a los propietarios el 50%, aunque ellas mismas lo niegan porque allí tienen un lugar donde trabajar".
 
Consideró que estos lugares nunca deberían haber existido y que sin embargo, "sé que se siguen abriendo como café concert clandestinos y no como prostíbulos y resulta que terminan perjudicando a las chicas".

Los municipios consultadas también consideraron adecuado el cambio, mientras que destacaron que en muchos casos ya se ha avanzado en este sentido.

El intendente de Guaymallén, Alejandro Abraham, dijo que apoya esta modificación. En tanto, en Godoy Cruz explicaron que sería la adaptación a algo ya vigente, ya que allí una ordenanza de este año prohibió la habilitación de nuevos locales. Algo que ya se había hecho en Capital y que fue seguido también por otros departamentos.

El pasado 1 de setiembre fueron detenidas 6 personas luego de un allanamiento realizado en un prostíbulo de Tunuyán, único distrito donde todavía no existía esta prohibición. Sin embargo, el ejecutivo comunal ahora promueve un proyecto para prohibir definitivamente el funcionamiento de prostíbulos en su territorio.

Funcional al delito

Lo que plantea concretamente el proyecto de ley es introducir modificaciones a la Ley 1.079 conocida como Ley Orgánica de Municipalidades, que en su artículo 80 inciso 10 establece: "Corresponde al Concejo Deliberante en lo concerniente a Higiene Pública (...) reglamentar la prostitución".

Entre los argumentos de la propuesta de Naman se señala que esto se contrapone con la Ley 12.331 de "Profilaxis de las enfermedades venéreas", que en su artículo 15 enuncia: "Queda prohibido en toda la República el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución o se incite a ella".

En tanto, el artículo 17 impone penas para "los que sostengan, administren o regenteen ostensiblemente o encubiertamente casas de tolerancia". Por eso, expresa el proyecto de Ley: "Observamos que bajo la figura de whiskerías, cabarets o night club los municipios de la provincia de Mendoza habilitan locales donde la principal actividad que se ejerce sería la explotación sexual, lo cual implica una absoluta contradicción y violación al texto de la Ley 12.331 que expresamente prohíbe ese tipo de establecimientos".

Se menciona que en aquella época (década del ?30) la prostitución empezó a ser visualizada como un problema tanto privado como público y factible de ser reglamentada, reservándose el Estado el derecho a intervenir. Justamente pasó a ser considerada como una peligrosa forma de actividad sexual imposible de erradicar, y fundamentalmente, un oficio, acerca del que -como tantos otros- el Estado debía legislar. Por eso se partía de considerar a la prostitución como un "mal necesario", al cual había que tolerar.

También se menciona entre las argumentaciones que la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase) de la Procuración General de la Nación, en un dictamen precisó que "las disposiciones municipales que reglamentan subrepticiamente la explotación de la prostitución, además de constituir por sí mismas una seria irregularidad, favorecen la comisión del delito de trata de personas así como la de otros delitos conexos, pues la falsa apariencia de legalidad que esa normativa otorga al lugar en el que, según indica la experiencia, se consume habitualmente la explotación que tiene en miras el tratante, resulta absolutamente funcional a la existencia del circuito ilícito que justamente se intenta combatir".

Por ello, se manifiesta que corresponde a la Legislatura adecuar las normas a las condiciones socio-culturales del momento. "Ante la presencia del delito de trata de personas, como miembros del Poder Legislativo no se puede declinar ante la necesidad de tomar medidas que eviten la proliferación de ilícitos tan aberrantes", cierra Naman.

Fuente: Los Andes

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