"Todo se ve resentido cuando se debe hacer una erogación no prevista en el presupuesto". Con esas palabras, la ministra de Hacienda Marisa López se refirió a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de disponer al Gobierno Nacional pagar a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto.
El máximo tribunal no resolvió la cuestión de fondo sino que por el momento avaló la medida cautelar pedida por el Gobierno porteño, que en términos prácticos hará que los pagos de ese 2,95% se hagan "en forma diaria y automática" por el Banco de la Nación Argentina y suspende la ley 27.606 que le otorgaba 2,32%.
"Hoy la Nación, frente a este fallo y frente a un presupuesto ya aprobado debe cumplir pasando del 1,4% para la CABA al 2.95%.
Cuando se tiene armado el presupuesto y se tiene que definir una erogación no prevista, se debe resentir objetivos. El presupuesto nacional tiene efectos a lo largo y ancho del país con distintos convenios con las provincias y compromisos", comenzó explicando la ministra en radio Estación Claridad.
La funcionaria sanjuanina explicó que si bien la partida que llegue a San Juan por coparticipación no se verá resentida, porque está fijada por Ley, sí se podrían ver afectados distintos programas nacionales que se implementan en la provincia. Actualmente en San Juan hay varios planes que se están implementando como el Nutrir de Desarrollo Humano, Sumar en Salud Pública, FONID y Conectividad en Educación, entre otros.
"Todos son objetivos provinciales pero que se pagan con el presupuesto nacional. En obra pública sucede lo mismo", subrayó destacando que 75 mil millones del presupuesto 2023, que fue aprobado por la Cámara de Diputados de San Juan el 15 de diciembre pasado, son objetivos con fondos nacionales.
"Si uno está permanentemente al tanto de lo que sucede con los gastos a nivel nacional de la meta que se puso el equipo económico de reducir el deficit fiscal, me pregunto cómo puede salir a cumplir una sentencia con una erogación muy importante para la CABA, cómo se puede cumplir con el resto de las provincias. El ingreso es uno solo, luego de ahí se tienen los objetivos del presupuesto. Si aparece uno nuevo, alguno se debe resentir", explicó.
El conflicto
La ministra explicó que Argentina tiene la Ley de Coparticipación Federal con índices para cada provincia. Después de que se recaudan los impuestos federales, nacionales, como IVA y Ganancias, se distribuye el presupuesto. Una parte va a las provincias, conforme ese índice, y otra parte va a la Nación.
La Nación de su fondo lo utiliza para ejecutar el presupuesto nacional y tiene la obligación de distribuir a la CABA y Tierra de Fuego. En la época de Duhalde se fijó un porcentaje para CABA del 1.4%, en función de un estudio de las necesidades de ese punto del país.
Con la gestión de Mauricio Macri por transferencia de los servicios de Seguridad se decidió aumentar dicho porcentaje. "La propia Constitución Nacional establece que cuando se transfiere Servicios a una jurisdicción lo debe hacer con los recursos suficientes para afrontar ese gasto. Se determina un monto y se transfiere el monto. En ese momento se incrementó el porcentaje del 1.4% al 3.75%. Todos los ministros de Hacienda hicieron el planteo pertinente de que era una exageración, que significaba darle a la CABA más del doble de lo que se necesitaba y se bajó al 3.5%", recordó López.
"Cuando llegó la gestión de Alberto Fernández se promulga una ley en la que se vuelve al 1.4% para la CABA y se determina un monto de 24 mil millones mensuales para afrontar el gasto en seguridad", subrayó.
