Debido a la presión de la inflación y la disponibilidad de los materiales, desde Gobierno plantearon la necesidad de que Diputados analicen que la construcción sea considerada en emergencia. Con ello, se establece un mecanismo especial para que Gobierno pueda inyectar fondos a empresas que son adjudicatarias de las obras para que no se afecten las obras vigentes.
En el caso de viviendas, uno de los más fuertes, se busca que los distintos frentes de obra se mantengan. "En el diálogo permanente que tenemos con las empresas, conocimos el impacto de la inflación en materiales y directamente en los contratos. Lo que buscamos es que haya medidas puntuales para nuestro sector, tomando en cuenta que es el valor de la UVI la que determina mensualmente la obra y la relación con los precios que se fijaron en las obras iniciales. El impacto es notorio", manifestó a Diario La Provincia SJ, el director de IPV, Marcelo Yornet.
Señaló que "la vivienda siempre fue motor de empleo y de la economía. Y por ello, ante el impacto de la suba de precios, lo que se paga por las obras queda desfasado. Es a ese diferencial que se apunta y que se debe resolver, de acuerdo a la propuesta, con fondos del Estado. La decisión de que sea considerada una emergencia, valida lo urgente de la situación. En ese contexto, se consideró que lo más favorable es trabajarlo en una ley. Queremos que todos los contratos se mantengan y se pueda cumplir con las obras en tiempo y forma, sin riesgo económico para quienes tomaron la obra". Agregó que actualmente, todos los barrios siguen de acuerdo a lo programado.
Yornet apuntó a que esperan que los legisladores provinciales analicen la propuesta y la importancia del alcance, que excede la vivienda y se extiende a vialidad y obras grandes como Tambolar o el nuevo velódromo. "No se trata de actualizar contratos sino de responder por esa diferencia que ha generado la inflación. Contamos con el apoyo de las empresas y de los diputados que la tratarán en comisión", destacó.
