Investigan a cuatro clubes de fútbol porteños por evasión

El  juez federal de Tres de Febrero ordenó las indagatorias a los dueños de los Bingos de Hurlingham y Ciudadela por la supuesta evasión de $130.000.000 de pesos con la confección de facturas apócrifas por servicios que nunca se prestaron. Hasta el momento, hubo 20 allanamientos que incluyeron las sedes de ambas casas de juegos, la Asociación Argentina de Árbitros y cuatro equipos de fútbol, Estudiantes de Buenos Aires, Argentino de Merlo, Ituzaingó y Deportivo Merlo.

 

El magistrado Juan Manuel Culotta convocó a 11 acusados entre los que figuran varios integrantes del directorio de la empresa que maneja ambos bingos para que declaren entre el 23 de febrero y el 1° de marzo próximos.

A partir de la investigación encarada por el fiscal federal Paul Starc se habría determinado que al menos 33 empresas proveedoras sobrefacturaban servicios y bienes.

Aunque las sedes de los cuatro clubes de fútbol fueron allanadas y aparecen en la mira de la Justicia, ninguno de los dirigentes fue acusado. En las entidades, los funcionarios judiciales secuestraron facturas por publicidad de los bingos en las camisetas. La sospecha de los investigadores apunta a una posible sobrefacturación.

A partir de la pesquisa encarada por el Ministerio Público de Tres de Febrero se habría determinado que una de las salas de juego denunciada habría evadido aproximadamente $60.000.000 mientras que el monto de la evasión adjudicado por los investigadores al otro bingo sería de $ 70.000.000.

Además de algunos de los integrantes de los directorios de ambas sociedades bajo sospecha, también figura en la lista de convocados a indagatoria un empresario, intermediario en las transferencias de jugadores de fútbol, aunque ninguno de esos futbolistas se desempeña en clubes de primera división.

Según informaron fuentes judiciales la investigación comenzó a partir de una denuncia que recibió el fiscal federal Starc, quien luego de dos años en los que tomó declaraciones testimoniales, solicitó los allanamientos en las dos casas de juego y en las sedes de los mencionados equipos de fútbol.

En su dictamen, el representante del Ministerio Público solicitó las detenciones de los imputados pero, el magistrado rechazó el pedido.

Al fundar su decisión de no ordenar las capturas de los acusados, el magistrado sostuvo que "la expectativa de pena no basta por sí sola para justificar riesgos procesales. Se estima prematuro avanzar con las detenciones requeridas, al menos hasta tanto se clarifique el panorama planteado".

Según consta en la resolución del magistrado federal de Tres de Febrero, a partir de la investigación del fiscal Starc quedó al descubierto que, al menos, un listado integrado por 33 empresas, clubes de fútbol y prestadores de servicios, habrían facilitado facturas para concretar la supuesta maniobra de evasión.

"La cuantiosa información recabada, proveniente del material informático secuestrado en las sedes administrativas de los contribuyentes, reveló la existencia de planillas en las que se presume que se registraron con claridad las presuntas maniobras en las que habrían incurrido los acusados para evadir tributos", expresó el magistrado.

En su resolución, el juez federal, además de convocar a los acusados para que sean indagados ordenó que se embarguen sus bienes por $15.000.000 a cada uno de ellos.

"Si bien los bingos libraban cheques por el total de las operaciones que se sobrefacturaban, lo hacían mediante un pago que no pasaba por las cuentas de proveedores y eran canjeados en otras empresas como mutuales, cerealeras o cooperativas que gozan de una alicuota reducida en el impuesto al débito y crédito bancario. Así obtenían una reducción en el costo financiero de la operatoria", se explicó en la resolución judicial en la que se resolvió la convocatoria para que los imputados sean indagados.

Con respecto a la decisión de los allanamientos realizados en los clubes, Estudiantes de Buenos Aires, Argentino de Merlo, Ituzaingó y Deportivo Merlo, al igual que en la Asociación Argentina de Árbitros, fuentes de la investigación explicaron que dichas entidades figuraban como proveedoras de publicidad, debido a que llevaban los logos en las camisetas, pero, hasta el momento, sus dirigentes no figuran en el listado de acusados.

En su requerimiento, el fiscal Starc remarcó la disponibilidad de recursos económicos por parte de los imputados quienes habrían expuesto "una minuciosa logística para el despliegue de la actividad delictuosa".

Desde el personal de las casas de juego, explicaron que no había nadie en la firma que se encargara de la comunicación con la prensa como para dar una respuesta.

Según consta en la resolución judicial, uno de los citados para las indagatorias fue el presidente de la sociedad que maneja ambos bingos, que fue identificado como Jorge Pereyra. Se trata de un empresario que, en agosto de 2011 sufrió un intento de asalto cuando llegaba a su casa de San Isidro.

Dos meses después, en octubre de ese año, fue asaltado cuando, con otros empresarios comía un asado en el stud Codiciado, en Martínez.

Fuente: LaNación.