Un documento de inteligencia revela cómo trabajó el D2 durante la dictadura militar en San Juan

 

"La tarea fue encarada con responsabilidad, lográndose los objetivos perseguidos, es decir, la eliminación de todos aquellos que por su actividad, podían poner en peligro la seguridad de la Provincia, y por ende, de la Nación". Así se dirigió el jefe del Departamento de Informaciones Policiales (D-2) de la Policía de San Juan, José Hilarión Rodríguez, en respuesta a sus jefes de la plana mayor policial, con el objeto de asentar lo que hizo el personal a su mando desde el 24 de marzo de 1976 al 10 de febrero de 1977. El informe fue enviado con el rótulo "estrictamente confidencial y secreto" y "para la memoria y conocimiento de la labor desarrollada" en el primer año de la dictadura.

El documento revela la inserción de la Policía sanjuanina en el terrorismo de Estado, antes y durante la dictadura, y forma parte de un requerimiento impulsado el 12 de junio pasado por la entonces fiscal subrogante de San Juan, Katia Troncoso, actual funcionaria de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin); el fiscal General de Mendoza, Dante Vega, y el fiscal General ante el Tribunal Oral sanjuanino, Francisco Maldonado.

El pedido de los tres fiscales contiene imputaciones en unos 130 casos y pedidos de detención para 86 miembros de la policía sanjuanina, cuyo rol no había sido visibilizado porque hasta ahora la persecución penal se concentró en esa jurisdicción sobre los miembros del Regimiento de Infantería de Montaña 22, sede de la jefatura del Área militar 332, desde donde se comandaba la represión ilegal.

Con este pedido, los fiscales pusieron en foco la participación criminal del D-2 en el marco de la denominada "comunidad informativa", la entente de órganos de espionaje de las fuerzas de seguridad y armadas, constituida en una instancia de coordinación e intercambio de datos. Los fiscales indicaron que, en ese contexto, el D-2 fue "activo partícipe en los operativos de fuerzas conjuntas, principalmente en los momentos más crudos de la represión en San Juan, esto es, desde agosto a diciembre de 1976".

El documento secreto elaborado por el jefe del D-2 es esclarecedor en ese sentido. Refiere que la tarea "encarada con responsabilidad" para la "eliminación" de quienes pusieran "en peligro" a la Provincia y a la Nación estuvo centrada en "detectar los elementos disociadores que figuraban en los planteles de la Administración Pública Provincial como así los de orden nacional con jurisdicción en la Provincia".

Al respecto se explaya: "Ello motivó el tener que realizar un estudio de cada persona de los organismos respectivos y posteriormente elevar las conclusiones a la superioridad. Esto demandó poner en aplicación el accionar de los integrantes de todas las divisiones y secciones que componen el D-2, como así mantener un permanente contacto informativo con los integrantes de la comunidad informativa, a fin de evitar posibles errores en la detección de estos elementos disociadores".

Para realizar esa tarea, indica el informe anual confidencial, "se trató de llevar al día la explotación de prensa, fichero y archivos" y "ejercer el control sobre políticos, gremialistas y especialmente sobre los subversivos, lográndose sobre estos últimos, especialmente, éxitos significativos que permitieron en gran parte destruir su estructura orgánica".

"Ello fue como consecuencia de la detectación y detención de sus principales cabecillas, de la caída de sus casas operativas y del material de imprenta y armamento secuestrado", completó.

El escrito de los representantes del Ministerio Público tiene 552 páginas y fue presentado en el Juzgado Federal N°2 de San Juan, a cargo de Leopoldo Rago Gallo, quien en septiembre ordenó las primeras detenciones. Ya hay quince ex policías de diferentes rangos que fueron detenidos: los ex agentes Carlos César Raúl Oro, Ramón Ignacio Montaña y Carlos Antonio Saavedra; los ex oficiales Carlos Alberto Olha, Pedro Raúl Aravena, Juan Carlos Turón Alaniz, Pedro Máximo Robledo, Pedro Luis García y Agustín Alejandro Pereyra; los ex cabos José Eladio Escudero, Federico Retamar y Carlos Faustino Álvarez; y los ex comisarios Miguel Ángel Mereles, Armando Gilberto Steiner y Alberto José Bazán.

Las imputaciones de la Fiscalía son por los delitos de privación abusiva de la libertad, imposición de tormentos, homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, asociación ilícita, robo agravado por el uso de armas y crímenes de índole sexual. Los hechos que forman parte del requerimiento "surgen de expedientes actualmente en instrucción, otros no han sido aún incorporados formalmente a ninguna causa y un último grupo se encuentra conformado por hechos que corresponden a expedientes cuya elevación a juicio ha sido recientemente requerida".

Por la multiplicidad de fuentes de la que provienen los hechos que forman parte del requerimiento y el punto común que los vincula a la fuerza de seguridad local, los fiscales postularon que la investigación debe desarrollarse en un nuevo expediente cuyo objeto procesal se encamine a establecer las responsabilidades en crímenes de lesa humanidad de integrantes de la Policía de San Juan y, concretamente, del D-2, dado que -indicaron- "se evitará así la dispersión que implicaría analizar el accionar del referido personal en diversos expedientes".

En el reparto de poder de poder militar, San Juan fue una de las seis provincias gobernadas por miembros de la Armada. A fines de abril de 1976, fue designado el capitán de navío Alberto Lombardi al mando de la Gobernación. Su jefe de Informaciones policial, Hilarión Rodríguez, fue, al mismo tiempo, delegado de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en la provincia durante aquél año.

En el terreno, según los reglamentos militares, la preponderancia de las acciones estaba en manos del Ejército. En este caso, a través del RIM 22, desde donde se ejercía la jefatura de área. Las subáreas y áreas militares, como la 332, fueron la porción más pequeña del esquema de intervención territorial para la ejecución del plan criminal en todo el país. Ese modelo replicó la organización del Ejército Francés en Argelia en la década anterior. Cada área dependía de una subzona aún más grande y estas a su vez reportaban a la zona o comando de cuerpo del Ejército. En este caso, al Cuerpo III, que tenía su asiento en Córdoba. Por eso, el número de área refleja en primer lugar el 3, que refiere la pertenencia a aquél cuerpo comandado entonces por Luciano Benjamín Menéndez.

La Policía de San Juan, al igual que las del resto de las provincias, fueron subordinadas ya en 1975 al control de las Fuerzas Armadas. Desde ese lugar, el D-2 "fue parte activa" del plan, indicaron los fiscales. "Los policías que la integraron no se limitaron a proporcionar información para que fuera utilizada luego en la inteligencia previa a los operativos, sino que combinaron ambas actividades. La Policía Provincial estaba bajo control operacional del Ejército, pero no dejaron de intervenir activamente en la información y en la inteligencia en el ámbito de lo que se denominó comunidad informativa", describieron los representantes del Ministerio Público en su presentación al juez Rago Gallo.

En efecto, otro documento de inteligencia citado en el pedido de indagatoria refiere: "En la lucha directa contra la subversión, está trabajando eficazmente una Unidad Especial, que de acuerdo a lo establecido depende directamente del Jefe del Área 332, por intermedio de su rama de inteligencia, está integrado por personas especializadas de la Policía de la Provincia, Delegación San Juan de la Policía Federal y del RIM 22. Este grupo, cuenta con los elementos necesarios primarios para desarrollar su labor, existiendo unidad de cuerpo y estando totalmente compenetrado de la misión que le compete” (sic).

Los fiscales señalaron que, tras el golpe del 24 de marzo de 1976, la estructura militar se valió de la experiencia y el conocimiento del terreno de la Policía, que ya venía operando con el mismo modelo de intervención desde el año anterior bajo la jefatura de Enrique Graci Susini.

"Antes del golpe militar, la información y la inteligencia practicadas sobre toda la población, con la excusa del combate a la subversión, estuvo fundamentalmente en manos de la policía local, concretamente del D2. Este departamento combinó información (como lo indica su propio nombre) e inteligencia, si por tal se entiende sólo aquello que comúnmente concebimos como tal (esto es, el espionaje, la reunión de datos complejos bajo un mismo patrón o algún trabajo elaborado en las filas contrarias), sino ese ir más allá del trabajo de calle, del fisgoneo a través de los medios de comunicación o de la delación", explicó la fiscalía.

Con el análisis de las causas iniciadas en 1975 a diferentes personas por violación de la ley 20840, conocida como "antisubversiva", Troncoso, Vega y Maldonado indicaron que, con la aquiescencia del Poder Judicial, "inteligencia en manos del D2 significó la obtención de datos bajo tortura, o mediante interrogatorios ilegales, los que conducían a su vez a nuevas violaciones de domicilio sin orden judicial (o con órdenes automáticamente extendidas por los jueces federales de turno) y a nuevos secuestros, en los domicilios particulares o a veces en la vía pública o en lugares de trabajo, tras lo cual venía todo el repertorio de delitos propio de un aparato terrorista estatal: las violaciones sistemáticas; el pillaje de bienes materiales, las torturas, vejaciones, humillaciones, extorsiones y el homicidio, por mencionar las más relevantes".

Por ese motivo, los fiscales apuntaron que "es falsa la expresión que pretende que antes de los decretos de octubre de 1975 la policía intervino bajo control judicial en la lucha antisubversiva y que, luego de esa fecha, se subordinó sin más a la autoridad militar y asumió un rol secundario" porque "una vez que los militares tomaron el poder e implementaron su plan sistemático de exterminio, el D-2 siguió funcionando como hasta entonces: siguió secuestrando, torturando y matando personas, pero ahora dentro de un plan integral que involucró a las fuerzas armadas y a todas las fuerzas de seguridad".

La denominación D-2 es una abreviatura del Deparmento 2, una de las cinco divisiones de la Plana Mayor de la policía provincial, cuya ley orgánica de principios de la década del '70 (número 3612) fue pensada en espejo de la estructura militar. En ese esquema, la división era la siguiente: Personal (D-1); Informaciones Policiales (D-2); Operaciones Policiales (D-3); Logística (D-4); y Judicial (D-5). Una organización idéntica tenían las unidades regionales de la Policía, superestructura que ejercía el control de las comisarías.

Los representantes del MPF describieron la lógica de funcionamiento: El D-2 "realizaba el trabajo de inteligencia, y también intervenía en lo operativo"; el D-3 "prestaba el apoyo operativo a las acciones del D-2"; el D-4 "acompañaba con la logística", y el D- 5 "manejaba la información judicial existente de todas las víctimas, no así la política, que la obtenía, seleccionaba y utilizaba el D-2". En este contexto, "el D-1 que organizaba todo lo relativo al personal, y tenía muy en claro quiénes eran los miembros de la fuerza avocados a la lucha antisubversiva, pues ellos estaban encargados de plasmar en los legajos personales todo mérito o felicitación al respecto".

"Ningún sector de la policía, y menos aún, ninguno de los miembros de la Plana Mayor Policial estaba ajeno ni podía desconocer el accionar del aparato organizado de poder", indicaron Troncoso, Vega y Maldonado.

Bajo control operacional de las Fuerzas Armadas, la Policía, a través del D-2, respondía requerimientos de información que le cursaba el RIM 22. En la extensa presentación de más de medio millar de páginas, los fiscales citan varios casos de pedidos del Ejército respondidos por la agencia policial respecto de la suerte corrida por diferentes víctimas.

Los documentos de inteligencia no son el único elemento con pruebas contra los policías. Los fiscales señalaron que pudieron "extraer elementos contundentes" de los mismos legajos de personal, de donde "surgen las felicitaciones realizadas por sus superiores como consecuencia de haber participado en procedimientos antisubversivos" y "se extrae la formación específica de ciertos agentes en la lucha antisubversiva realizada por el Centro de Instrucción Contrasubversivo (C.I.C.) a diversos agentes de la fuerza".