viernes, 30 de septiembre de 2016
00:00
viernes, 30 de septiembre de 2016
00:00
El juez federal subrogante de San Juan, Miguel Ángel Gálvez, se declaró incompetente este jueves sobre la denuncia formulada por el ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman por el derrame de material cianurado en la mina Veladero. Además giró las actuaciones a la justicia penal de Jáchal, donde se tramitan ya otras cuatro denuncias por el caso.
El magistrado actuó subrogando al juez federal penal Leopoldo Rago Gallo que se encuentra de licencia, y se basó en el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dirimió un conflicto de competencias entre el juez de Jáchal y el juez federal Sebastián Casanello por el derrame en la mina del año pasado.
En su presentación, el ministro Bergman pidió la semana pasada que la justicia federal de San Juan investigara el derrame en el valle de lixiviación del emprendimiento que explota Barrick Gold, que se determinara si se tipificó el delito de contaminación y si la compañía canadiense cumplió los procedimientos que se deben seguir en situaciones de crisis.
Pero el magistrado federal sanjuanino se allanó a la resolución de la Corte del año pasado, cuando dijo con valor de jurisprudencia que estos casos eran competencia de los tribunales provinciales y no del fuero nacional, apartando a Casanello de investigar una denuncia formulada por una asociación de abogados de la Patagonia.
El máximo tribunal del país consideró que la Justicia Federal es competente sólo cuando los "residuos pudieren afectar a las personas o el ambiente más allá de la frontera de la provincia en que se hubiesen generado”.
Como en el incidente del 8 de setiembre, las pericias indican que el derrame no salió del valle de lixiviación y no llegó a ningún curso de agua, el juez Galvez entendió que no hubo daño que justifique discutir la inter jurisdiccionalidad.
Por eso el juez Galvez ordenó girar las actuaciones al juzgado provincial de la Segunda Circunscripción Judicial, a cargo de Pablo Oritja, que ahora tiene cinco denuncias sobre el derrame del 8 de septiembre.
Se trata de las denuncias el abogado jachallero José Torres, la del fiscal de Estado Guillermo De Sanctis, otra del defensor del Pueblo de San Juan, Julio César Orihuela, la del ciudadano Faustino José Esquivel y ahora la del ministro Bergman.
En el caso de la denuncia por infracción a la Ley de Residuos Peligrosos del jachallero Faustino Esquivel, también es una derivación de la justicia federal que se declaró incompetente.
Por este caso Oritja inició la instrucción, suspendió las actividades productivas de Veladero e hizo un allanamiento y una inspección para hacerse de documentación y conocimiento de los hechos.
Para hoy se espera que la Policía Minera le acerque un informe sobre los trabajos de remediación y de prevención que Barrick realizó en el valle de lixiviación de la mina para evitar nuevos derrames, a partir de lo cual podría disponer que el emprendimiento retome su actividad habitual.
Fuente: Télam
