El gobierno de La Pampa vive por estas horas un fuerte dilema político. Desde la Cámara de Diputados de aquella provincia le han pedido que judicialice un conflicto con San Juan, Mendoza y San Luis por el corte del río Salado. Sin embargo, desde el Ejecutivo se niegan a llevar el problema hasta tal punto pero en un año electoral un dilema como éste se torna difícil de llevar.
El conflicto se originó a partir del despacho de un proyecto que realizó este martes la comisión de Ecología de la Cámara de Diputados pampeana en la que le piden al gobernador Oscar Jorge que inicie una acción de amparo ecológico en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El proyecto solicita al Poder Ejecutivo que instruya al fiscal de Estado para que promueva tal medida y que además cite como tercero al Estado nacional, a los efectos de que se impida "en forma urgente” la utilización abusiva, indebida e ilegítima de las aguas del río interprovincial Desaguadero-Salado-Chadileuvú.
