martes, 2 de septiembre de 2014
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El penal es "un lugar que ofrece condiciones infrahumanas". Con esas palabras, el abogado Eduardo San Emeterio se refirió a la situación que presenta el penal de Chimbas y de manera correlativa con numerosas cárceles de todo el país. Por ese estado es que denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la OEA al juez Rago Gallo. Además inició acciones legales contra la presidenta Cristina Fernández de Kircher y el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, entre otros.
"La denuncia que hice ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es específicamente sobre los derechos de las personas privadas de libertad que incluye no solamente a los detenidos por delitos de lesa humanidad sino a todos los detenidos", empezó a relatar San Emeterio en Radio Sarmiento.
Luego contó que ha denunciado persecuciones y "las condiciones infrahumanas en las que se encuentran detenidos distintos presos, sobre todo en el Penal de Chimbas que es una cárcel antigua y no goza de las condiciones necesarias para que los presos estén alojados".
"Doy fe que el Servicio Penitenciario ha hecho todo correctamente y están haciendo todo el esfuerzo para que esto se pueda solucionar. Pero acá la culpa la tiene el juez Rago Gallo que ha superado, con las detenciones que ha producido últimamente, la capacidad de la cual pueden estar detenidos los presos. Hay habitaciones que están habilitadas para dos personas y ahí tenemos cuatro, cinco o seis personas metidas con un solo baño, todos hacinados, con mala alimentación, no hay ambulancias. Se están violando sistemáticamente los derechos humanos pero no solo de los defendidos míos, los detenidos de lesa humanidad sino de todos los detenidos", sentenció y luego subrayó: "el doctor Rago Gallo está violando a los derechos humanos de todos los detenidos".
El abogado del ex represor Gustavo López, quien está detenido en el Penal de Chimbas, denunció también al juez Blanco de La Plata por las condiciones que presenta el Servicio Penitenciario de aquella ciudad.
"No hay ninguna cárcel del país que esté en condiciones de tener alojado a personas de más de 60 años", finalizó el abogado.
