La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, anticipó hoy que el próximo 1 de noviembre la Cámara de Diputados estará en condiciones de tratar y aprobar el proyecto de ley de Responsabilidad Penal Empresaria, instrumento con el que Argentina tratará de escalar en el ranking de Transparencia Internacional con el fin de atraer inversiones.
"La ley que los diputados me prometieron y van a sancionar el 1 de noviembre será implementada y regulada por nuestra oficina”, explicó Alonso, quien resaltó que se trata de "una herramienta fundamental para reducir el riesgo país y seguir avanzando en el ranking de Transparencia Internacional”.
Así lo expresó la titular de la Oficina Anticorrupción al exponer en el II Congreso de Internacional Compliance, organizado por la Asociación Argentina de Ética y Compliance y Thomson Reuters, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Alonso destacó que “Argentina, subió 12 puestos en el Indice" en los últimos dos años y que le prometió al presidente Mauricio Macri que "al terminar su mandato Argentina escalaría unos 40 lugares”, proyectó.
Al respecto, consideró que con esta ley "se avanzará al menos 20 puntos en el Índice Transparencia" y estimó que se necesitará al menos un año para sancionar y poner en práctica la normativa y otro año para comenzar a ver sus frutos.
Alonso consideró que "el G20 será una puerta para demostrar al mundo el posicionamiento argentino" reciente en las nuevas normas para atraer capitales, al punto que ese grupo de países ayudará a Argentina "a dar el salto cuántico de al menos unos 80 años de retraso económico".
La funcionario calificó como "histórico" el desafuero y posterior detención del exministro de Planificación y diputado Julio De Vido y señaló que “es necesario un Poder Judicial íntegro, para dar garantías de que las leyes se van a cumplir”, ya que hay “cierto hartazgo de la sociedad” que pide transparencia.
Respecto a la obra pública, Alonso dijo que se ahorraron “32.000 millones de pesos en contrataciones en un año” respecto a los contratos firmados por la administración anterior y, sobre la posibilidad de un "lava jato" argentino, señaló que “cada país hace lo que puede con las instituciones que tiene”.
"Cuando uno repasa la lista de las personas que ya están presas vemos que en menos de dos años se ha producido un avance importante”, agregó en un claro señalamiento al caso de De Vido.
Al respecto, se lamentó que el foco está puesto en los funcionarios públicos, ya que “hay corresponsabilidad en la corrupción tanto del público como del privado", dijo. "A futuro, las empresas tienen que trabajar en la prevención. Si uno tiene todo en regla, no tiene que estar pensando en que va a tener un problema en los tribunales”, sostuvo.
Al congreso también asistieron Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA); Juan Vaquer, presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) y de DuPont para Latinoamérica, y Manuel Aguirre, presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), quienes explicaron la visión que el sector corporativo tiene sobre los avances del proyecto de ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos de corrupción.
Uno de los temas analizados en el congreso, en el que participaron más de 200 personas, entre empresarios, jueces, funcionarios y fiscales, fue el impacto del avance tecnológico a la hora de evaluar la ética y buenas prácticas en los negocios.
Según la encuesta realizada por Thomson Reuters durante el congreso, 80 por ciento de los referentes del Compliance siente que sus empresas están transitando un proceso de maduración para afrontar el impacto de las nuevas tecnologías en la forma de hacer negocios.
"En el futuro inmediato, el acceso a información global y contar con matrices donde uno puede combinar todas las interconexiones, tanto locales como internacionales, serán claves. En este marco, la digitalización y la automatización ayuda a que se generen programas de cumplimiento más eficientes que permitan encontrar las respuestas confiables para tomar la decisión adecuada", según surgió de los resultados de las encuesta.
Por último, la directora de supervisión de la Unidad de Información Financiera (UIF), Maria Celeste Plee, señaló que “la mayoría de las regulaciones vigentes para sujetos obligados deben ser revisadas”.
También agregó que en esta línea la “UIF y el BCRA crearán una mesa de trabajo conjunta”, para trabajar al respecto, reveló.
Fuente: Télam
