jueves, 24 de abril de 2014
15:29
Sucedió en Corrientes, en el predio de 198 hectáreas del ex regimiento Santa Catalina. La Dirección Nacional de Migraciones, la Policía Federal y la Municipalidad de Corrientes en conjunto con el Ministerio de Trabajo de la Nación, el RENATEA, la AFIP, y la División Trata del Ministerio de Justicia de la Nación realizaron un operativo laboral que tuvo resultados positivos.
En un intenso trabajo realizado ayer se encontró a 100 ciudadanos bolivianos, muchos de ellos familias enteras, trabajando de forma esclava, hacinados en condiciones sanitarias desfavorables. Según publicó diario La Prensa, el allanamiento fue realizado por orden del Juzgado Federal de Primera Instancia 2 de Corrientes. En el predio encontraron decenas de familias hacinadas en viviendas precarias y en condiciones sanitarias desfavorables y decenas de tendaleros hortícolas.
"Estas personas estaban siendo explotadas por un grupo familiar que a su vez usurpa los terrenos municipales para comercializar verduras, por eso también intervino el equipo jurídico de la Comuna", explicó el Jefe de la Delegación Corrientes-Chaco de la Dirección Nacional de Migraciones, Carlos Odena y luego agregó: "desde el punto de vista migratorio se registró a los damnificados y luego se trabajará para regularizar su situación en el país, a fin de que puedan acceder a un documento argentino y un número de Cuit".
Por el hecho, se resolvió la detención de tres hombres y una mujer, identificados como "usurpadores del predio y los supuestos empleadores" de más de un centenar de personas que realizaban trabajos bajo condiciones infrahumanas en el lugar.
En tanto, desde la Municipalidad de Corrientes confirmaron que en el lugar se detectaron "menores de edad trabajando" y que "las multas por estos delitos llegan hasta los 150.000 pesos por cada empleado esclavo y pena de prisión".
La causa está a cargo del juez federal Juan Carlos Vallejos, quien deberá resolver la situación procesal de los acusados tras tomar declaración testimonial a las víctimas.
El referente local del Ministerio de Trabajo de la Nación, Andrés López, agregó que una vez que las personas damnificadas sean registradas "el objetivo es incluirlas en la seguridad social para que posean recibo de sueldo y aportes jubilatorios".
