miércoles, 1 de octubre de 2014
11:41
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La quita de parte de los subsidios al gas que generó un tarifazo de hasta 670% en los hogares y comercios es cada vez más rechazado en la justicia. En tres provincias y más de 30 ciudades de la provincia de Buenos Aires fue frenado por amparos de consumidores y de las municipalidades. Para las empresas, es todo un incordio la refacturación. La política no es ajena: los legisladores del Frente Renovador son los más activos en los reclamos judiciales. La municipalidad de Tigre espera por un dictamen favorable a su propio amparo.
Ya son casi un millón de usuarios los que no pagan el tarifazo al gas. Todos los comercios y hogares de Santa Fe, Mendoza y San Luis quedaron exentos por amparos. Litoral Gas, la distribuidora santafesina, tuvo que refacturar el bimestre pasado a los valores anteriores al 1º de abril porque sus 620.000 usuarios fueron beneficiados por el reclamo judicial presentado por la Organización de Usuarios y Consumidores. Su concesión se extiende al norte de la provincia de Buenos Aires, en ciudades como Ramallo, San Pedro, Baradero, Rauch y Benito Juárez.
Otros amparos frenaron la quita de subsidios a Mar del Plata, Miramar, Mar del Sur, Necochea, Dolores, Villa Gessell, el partido de Mar Chiquita, Azul, Tandil, Olavarría, Bahía Blanca y Balcarce. En Salta y Jujuy, otros dos reclamos esperan resolución.
Hay una accción que es la más temida por el gobierno por el efecto político. La municipalidad de Tigre, el bloque de concejales del Frente Renovador y una organización de consumidores presentaron un amparo contra el aumento del gas y esperan el resultado. Legisladores de Mar del Plata, Necochea y Mendoza también impulsaron la misma medida en sus distritos. El Gobierno no quiere que el candidato a presidente, Sergio Massa, quede pegado a la lucha contra el tarifazo al gas. "El juez nos dió la cautelar a todo el distrito porque justamente consideró irracional el aumento", explicó a TN.com.ar el concejal massista de Necochea, Facundo López.
Los amparos hasta ahora fueron cursados muy rápido por la Justicia. La mayoría de los dictámenes sentenció el freno al aumento hasta que se resuelva la cuestión de fondo en la Justicia en lo Contencioso Administrativo. La presión local de los usuarios, con menos poder adquisitivo por la inflación, dicen distintas fuentes consultadas por TN.com.ar, se hizo sentir fuerte, especialmente en las ciudades donde todos se conocen.
Un fiel reflejo de esto fue el fallo del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. Rechazó el planteo colectivo formulado por el Centro de Orientación y Defensa del Consumidor, la Municipalidad de Dolores y OMIC Villa Gesell pero de todas maneras concedió una medida provisoria por 60 días contra la quita de subsidios al gas prevista por las resoluciones 226/2014 y 2844/2014 del Enargas. Cerró su dictamen diciendo que "no se puede resolver este asunto con amparos".
El argumentos de los consumidores, según abogados consultados, tendría algunas fisuras. Dicen que el aumento no tuvo audiencia pública y que no fue informado con la anticipación suficiente como para que el usuario pudiera ahorrar. Cabe recordar que si se ahorra hasta un 20% en el consumo de gas con respecto al mismo bimestre del año anterior, no se modifica la factura de gas. La Pampa y todas las provincias patagónicas, por sus bajas temperaturas, quedaron exentas de la quita de subsidios.
El Enargas, en sus apelaciones responde que no se hizo audiencia pública porque lo que se aplicó fue una quita parcial de subsidios y no un aumento en la tarifa de las empresas, lo que sí debe pasar por audiencia pública. Y agregan que la medida fue informada en marzo, en conferencia de prensa conjunta de Kicillof y De Vido.
Para el gobierno y las empresas distribuidoras se generan varios problemas. El Estado, que apela los amparos a medida que obtienen sentencia firme, necesita recortar subsidios porque las cuentas fiscales no cierran. El gasto en subsidios ya arrastra un aumento de 64% con respecto a 2013 y el déficit fiscal se acerca al 5% del PBI, según estimaciones privadas.
Para las empresas, la refacturación no queda clara. Litoral Gas, tuvo reimprimir sus facturas con la tarifa anterior al 1 de abril. Otro problema que se plantea es para los usuarios que pagaron la boleta con el aumento. Las empresas no lo devuelven con al argumento que todavía se tiene que resolver la cuestión de fondo por un juez superior. Pero como hay rebaja de tarifa final, ese dinero queda como crédito a favor del usuario y se descuenta de futuras boletas. La gran pregunta es qué pasa si la Justicia define que la quita de subsidios es legal. Los hogares y comercios que se beneficiaron con los amparos habrán acumulado una enorme deuda con las distribuidoras.
Fuente: TN
