San Juan suscribió un plan fiscal nacional para bajar los impuestos locales

San Juan suscribió un plan fiscal nacional para bajar los impuestos locales. Éste fue firmado por el ministro Roberto Gattoni este miércoles en Mendoza, donde participaron los referentes de economía de todas las provincias del país, encabezados por el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne. La reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal (CFRF) será el puntapié inicial para redactar la nueva Ley de Responsabilidad Fiscal.

Dicho documento está compuesto por una serie de acuerdos con los que Nación y provincias se comprometieron a trabajar para alcanzar el ordenamiento fiscal. Entre ellos, se destaca el acuerdo para que en todas las jurisdicciones el gasto corriente primario permanezca constante en términos reales y que el gasto primario total no crezca más que la inflación hasta el año 2019 inclusive.

Otro de los puntos salientes del documento está vinculado a corregir impuestos distorsivos y reducir la carga tributaria. Para ello, el Gobierno Nacional y las provincias se comprometieron a alivianar la carga tributaria sobre la actividad productiva.

El acta-acuerdo incluyó también una propuesta para controlar el incremento del empleo público. La misma establecerá que el personal de planta –a nivel nacional, provincial o municipal– no crezca en proporciones mayores que el crecimiento de su población.

Con la firma del escrito, Nación y provincias acordaron, además, la creación de Fondos Anticíclicos Fiscales. Los mismos serán constituidos por cada jurisdicción con los recursos excedentes en años en los que la balanza fiscal arroje superávit, y deberán utilizarse en situaciones excepcionales o de emergencia.

En esa dirección, también se resolvió la incorporación de pautas de fin de mandato, cuyo objetivo será restringir el incremento del gasto durante los últimos seis meses de gestión de cada gobierno. El fin de esta medida será que la administración saliente no incurra en gastos –o disposiciones que impliquen donación o venta de activos del Estado– que deban ser afrontadas por las autoridades entrantes.

Todos estos puntos se plasmarán en un proyecto de ley que se enviará al Congreso de la Nación en el plazo de los próximos tres meses.